Violencia de género en los hogares ante el COVID-19

Dra. Alba Luz Robles Mendoza

Programa Institucional de Estudios de Género

Se entiende a la violencia de género como aquella acción o conducta basada en un orden social, que discrimina a las mujeres y desvaloriza lo femenino, construyendo y perpetuando las desigualdades entre hombres y mujeres. En ese sentido, la gran mayoría de las situaciones que involucran la violencia contra las mujeres se constituirán como violencia de género; es decir, es una violencia estructural que coloca el énfasis en la imposición de los postulados del sistema de género sobre los estereotipos sexuales masculinos y femeninos, causando muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer.

La importancia de que, a nivel internacional, las mujeres tengan el derecho de vivir libres de toda forma de discriminación, estigmatización, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación, siendo valoradas y educadas libres de patrones sexuales y de género estereotipados que pongan en juego la dignidad de éstas, radica, en lograr la igualdad y equidad de género, tanto en el ámbito público como en el privado, incluyendo éste último, el espacio dentro de los hogares.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en el 2019, se levantaron 22 mil carpetas de investigación sobre violencia familiar, siendo el delito con mayor incidencia hacia las mujeres. Asimismo, se atendió a 16 mil mujeres, donde el 98% de ellas manifestaron que el lugar donde viven más violencia es el hogar causada en el 100% por los hombres o parejas de éstas; de ahí la importancia de las órdenes de protección como medidas jurídicas que auxilian en la disminución de este tipo de violencia en los hogares, reduciendo las visitas a urgencias médicas y la intervención policial.

Si bien la violencia contra las mujeres es responsabilidad principalmente de los hombres, quienes son las que la ejercen, no podemos dejar de tomar en cuenta el contexto social y cultural que lo reproduce, desde lo cotidiano y la retroalimenta, desde la legitimidad familiar.

La violencia no está en la naturaleza de los hombres, sino que es aprendida en una sociedad que construye formas dominantes de relaciones de género basadas en una masculinidad hegemónica que conlleva desigualdad de poder, control y discriminación. Por tanto, un aspecto clave de la reeducación de hombres que ejercen violencia, es definir cuál es el concepto de violencia del cual se parte, sus formas y consecuencias. De hecho, cualquier persona que no “encaje” o no responda a los imperativos de una sociedad patriarcal, puede ser víctima de esta violencia.

Sigue siendo un debate afirmar que la violencia contra las mujeres en México ha aumentado en los últimos años o si el aumento de las denuncias está relacionado con las campañas de sensibilización y la apertura de espacios de atención hacia las mujeres. Sin embargo, el incremento de la violencia de género en el momento actual, al enfrentamos al encierro sanitario ante la pandemia del COVID-19, es un indicador relevante de que la violencia hacia las mujeres en los hogares existe, aunque se considera todavía, a nivel social, como un problema privado, a resolverse entre las parejas y dentro de la familia, en vez de una amenaza a la seguridad y los derechos humanos de las mujeres. La Organización de las Naciones Unidas calificó de “pandemia” a nivel global el 70% de la población femenina que sufre, en algún momento de su vida, situaciones de violencia física, psicológica y/o sexual dentro de sus hogares. Esta doble pandemia dirigida hacia las mujeres, ambas de salud, y que puede estar en los hogares mexicanos, presenta una alarma nacional e internacional que requiere acciones concretas e inmediatas para hacer frente a este tipo de violencia.

La forma en que se enfrentan los delitos en cuanto a la eficacia y eficiencia de las instituciones jurídicas es un indicador importante de la seguridad pública. Un aspecto crucial al respecto es el grado de impunidad, entendida ésta como “la ausencia de castigo ante un crimen” y la cual se mide como la “capacidad del sistema de castigar el delito”. Un aspecto crucial de la impunidad es la falta de denuncia. El porcentaje de delitos que no se denuncian se conoce como “cifra negra”. Para los casos de violencia contra las mujeres en México, ONU-Mujeres menciona que, durante el último año, sólo 1 de cada 10 mujeres solicitó ayuda a alguna institución jurídica cuando vivió violencia y sólo 3 de cada 10 casos denunciados tienen presuntos culpables sometidos a proceso, habiendo 2 de cada 10 con sentencia condenatoria. Asimismo, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los estereotipos de género suelen impactar negativamente a las mujeres en procesos judiciales, ya que descalifica automáticamente su credibilidad y les otorga responsabilidades tácitas por los hechos de los que en realidad son víctimas, lo cual afecta la valoración de las pruebas y genera la inacción por parte de los operadores jurídicos.

Bajo estos informes, la inseguridad de las mujeres en los hogares consta de dos dimensiones: la dimensión objetiva, es decir, el riesgo real o probabilístico de sufrir un delito, y la dimensión subjetiva, que se refiere a la percepción de inseguridad que la mujer siente ante las situaciones cotidianas en casa relacionados con la violencia. Ambas requieren del involucramiento de las diversas instituciones jurídicas y de redes de apoyo familiar, así como de la propia ciudadanía, para la generación de estrategias centradas en la prevención de la violencia hacia las mujeres y en la atención y reparación del delito cometido.

De ahí la importancia, de que se creen mecanismos de apoyo y atención de la violencia de género ante la pandemia por COVID-19, que permita que las mujeres puedan evitar este doble riesgo de salud integral. Abordar medidas para evitar la violencia en casa, implicará la participación de todos los miembros de la familia, toda vez que los datos muestran que menos del 40% de las mujeres que sufren violencia buscan ayuda a instituciones oficiales, y quienes lo hacen, recurren a la familia o amistades.

La modificación de pautas socioculturales de conducta de hombres y mujeres es deber de todos y todas, incluyendo la creación del diseño de programas de educación informal y formal en todos los niveles del sector educativo, para contrarrestar los prejuicios, costumbres y prácticas sociales basadas en premisas de inferioridad y superioridad entre hombres y mujeres, que legitiman la violencia hacia la mujer.